El concepto de gobernanza se viene desarrollando, al menos, desde principio de los 90, y viene a significar una preocupación fundamental por una nueva forma de gobernar que se extiende por todos los ámbitos en la sociedad, desde los más locales hasta los más globales. Esta preocupación por la gobernanza está presente, tanto en lo público (Estado), como en lo privado (empresas), de tal manera que política y economía parecen fusionarse en una fase del neoliberalismo avanzado. Por su acaparación de ciertos conceptos, que aparentemente parecen pertenecer al universo libertario, merece la pena analizar el término y lo que supone en el siglo XXI. Desde el anarquismo, haríamos bien en comprender las nuevas modalidades de gobierno, de dominación, por sutil o democrática que esta se presente, propiciadas por la transformación del Estado y el desarrollo de las políticas neoliberales en un contexto de auténtica revolución tecnológica e informativa. Si la apariencia es que el Estado tiene menos poder que antaño, basándose en la integración "democrática" de los gobernados, fusionándose con el poder económico, en última instancia las decisiones y políticas están en manos de la clase dirigente.
Tal y como dice Tomás Ibáñez, las clases gubernamentales fueron conscientes a lo largo de la segunda mitad del siglo XX de que era necesario un cambio, tanto en los procesos para tomar decisiones, como en las condiciones para ejecutarlas. Para ello, las clases dirigentes se fueron acercando a las dirigidas, flexibilizando las jerarquías, descentralizando, creando mecanismos de consulta e incluso delegando parte del poder. Resumiendo, los gobernados empezaron a sentir que tomaban parte en la decisiones gracias a nuevas estructuras participativas. Por otra parte, en la ejecución de los acuerdos también se produjeron importantes cambios. La clase dirigente se dio cuenta de que, cuando eran las propias personas afectadas las responsables de sus acciones, al menos en parte, los resultados mejoraban notablemente. Naturalmente, aunque no existía una fiscalización en cada parte del proceso, y a pesar de la apariencia de autonomía de las partes afectadas, en última instancia eran los centros de poder los que seguían teniendo el control. A pesar de ello, los gobernados se sentían parte voluntaria del proceso, además de conceder una legitimidad plena, con la consecuente desactivación de posibles conflictos, a una nueva forma de gobernar.
Ibáñez, citando los trabajos de Foucault, considera que este nuevo concepto de gobernanza, íntimamente unido al desarrollo avanzado del neoliberalismo, presenta nuevos rasgos que la diferencian del mero funcionamiento democrático. Así, son las nuevas tecnologías de la información, junto al conocimiento producido por las ciencias sociales y la psicología, los que posibilitan, incluso de manera sofisticada, esta nueva práctica de la gobernanza. Si hablamos de neoliberalismo, diferenciado del liberalismo clásico (no intervención del Estado en la economía), es porque ahora el mercado actúa como principio organizador, tanto del Estado, como de la sociedad civil. Se propicia que las reglas mercantiles, propias del sector privado, penetren en las administraciones públicas para convertirlas en más eficaces y competitivas. Ahora, política y economía se fusionan bajo las directrices de la racionalidad económica; el Estado funciona según las normas y la lógica del mercado y el sistema capitalista. Por supuesto, el modelo a imitar es esa moderna empresa dirigida según innovadoras formas de gestión; los rasgos de la gobernanza, entre los que se encuentra unas aparentes descentralización y autonomía, junto a la integración participativa de los dirigidos, antes mencionados. Es posible que ya se vislumbre una nueva fase del liberalismo, en la que se exacerbará esa integración de la sociedad civil según las leyes del mercado y de la racionalidad económica. Quedarán afectadas, incluso, las relaciones sociales y afectivas para ajustarlas al nuevo modelo de individuo que necesita el mercado y la lógica consumista.
La libertad, como principio básico de gobierno y gestión, será otra de las nociones instrumentalizadas por esta nueva fase del neoliberalismo. Las nuevas instancias de dominación, ensalzando sin escrúpulos la libertad, como medio de afianzar sus nuevas formas de poder y un mayor beneficio económico, conseguirán una mayor legitimidad por parte de los gobernados y explotados. En otras palabras, en nombre de la libertad se logra una mayor eficacia de los mecanismos coercitivos mediante los que se asegura la dominación y la explotación. Este nuevo modo de gobierno, basado en la gestión de la libertad para lograr sus fines, acumulará una cierta dosis de libertades: de mercado de propiedad, de consumo, de elección… Paralelamente a ello, producirá unos enormes mecanismos de seguridad, prestos a intervenir, para evitar el desbordamiento de esas libertades. No es casualidad que, en la sociedad mediática actual, dos de los conceptos que más se mencionan, y se confunden, son los de la libertad y la seguridad.
La coerción mediante, exclusivamente, la fuerza bruta no produce ya buenos resultados a largo plazo. Si se desea gobernar con eficacia y extensión en el tiempo se necesita sustituir una obediencia sustentada en el miedo por otra basada en el consentimiento; en suma, en la legitimidad que otorgan los gobernados a sus gobernantes y a sus acciones. Foucault consideraba que para ejercer el poder había que producir ciertos efectos de verdad, los cuales suponían para los gobernados esa legitimidad de la clase dirigente. El liberalismo, introduciendo unos paradigmas diferenciados de los del Antiguo Régimen (basados en las divinidad, en la clase sacerdotal o en los consejeros reales), basó el nuevo sistema en la centralidad del conocimiento y en la figura de los expertos, que serían los auténticamente preparados y legitimados para gobernar. Los gobernados no tendrían alcance a ese conocimiento para gobernar, ni pueden producirlo, ni tampoco descifrarlo y comprenderlo. Hoy, el neoliberalismo también se basa en el conocimiento experto para gobernar, pero en un contexto de mayor complejidad y, consecuentemente, de mayor opacidad para los gobernados.
Se produce aquí, debido a esa enorme opacidad entre lo que conocen los gobernados y la información de la que disponen los gobernantes, un proceso en el que se ve mermada esa legitimación de los actos de la clase dirigente. Para paliar esta situación, entra en juego la gobernanza, que recordemos que trata de concertar los actos del gobierno con los propios gobernados. Así, estos acaparan, de manera parcial, parte del conocimiento propio de la clase gubernamental, para contrarrestar esos efectos de deslegitimación al que daba lugar la excesiva opacidad en la actualidad del conocimiento experto. Los expertos en gobernanza se esfuerzan por crear un lenguaje común entre dirigentes y dirigidos, de tal manera que estos sientan que forman parte en los criterios de decisión y no acaben abandonando la esfera política. De esta manera, al otorgar la palabra a los gobernados, la gobernanza produce una nueva fuente de producción de conocimientos, que se suma a ese conocimiento experto objetivo. Estos nuevos procesos, que parecen profundizar en la democracia (al delegar poder, compartir conocimientos, flexibilizar las jerarquía u otorgar autonomía), e incluso toma algunas nociones de apariencia libertaria, no pone en peligro el sistema establecido. Y es así porque las clases dirigentes conservan en exclusiva el poder para establecer y controlar las reglas del juego; para ello, se reservan los ámbitos de "no decisión", vetados a cualquier forma de participación, y crean esos férreos mecanismos de seguridad para controlar los procesos. Tal y como afirma Tomás Ibáñez, a pesar de las apariencias, la gobernanza no es más que el rostro amable de la dominación que presentan estos tiempos de neoliberalismo avanzado.
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